SANTO DOMINGO. — Mientras prepara un coctel de frutas en su puesto ambulante en una exclusiva zona residencial de Santo Domingo, Cresnel Ceus sonríe cada vez que comentaba a sus clientes que luego de ocho años por fin viajaría a su natal Haití con sus hijos a que conocieran a sus padres.
“Mis hijos van a conocer Haití”, decía el hombre de 37 años, tez morena y anchas espaldas, padre de una niña de ochos años y un niño de seis, nacidos en República Dominicana.
Pese a haber nacido en suelo dominicano, sus hijos no tienen la nacionalidad del país porque la Constitución no la otorga los descendientes “de los extranjeros en tránsito”, como era el caso de Ceus y su esposa.
Como miles de haitianos, la pareja había vivido y trabajado desde 2000 en el país sin permiso migratorio y con el temor a ser deportados, pero ahora es uno de unas 184.000 personas que lograron la residencia temporal bajo un programa de regularización del gobierno.
Para quienes lograron cumplir los requisitos y solicitar la residencia con base en documentos en un lugar donde es difícil conseguirlos, la vida se ha vuelto más fácil.
“Todo está bien ahora”, dijo Ceus blandiendo la copia de su nueva tarjeta de migrante, algo en lo que coincide Washington González, viceministro de Interior, quien dijo a The Associated Press que “no habrá absolutamente ningún inconveniente” este año a quienes viajen con la residencia temporal y que podrán regresar sin peligro a ser detenidos o extorsionados por traficantes de personas.
Pero unas 300.000 personas enfrentan un futuro incierto: aquellos que hace décadas viven en el país y no cumplieron con los requisitos para obtener la residencia, o no pudieron conseguir la documentación requerida como un certificado de nacimiento de Haití o documentos que mostraran que habían vivido en República Dominicana desde antes de octubre de 2011.
El programa de residencias temporales fue creado luego de que el Tribunal Constitucional dominicano decidiera, en una polémica sentencia, ordenar a las autoridades a abrir juicios y anular la nacionalidad de las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007, de padres extranjeros que no tuviesen permiso de residencia legal.
Este proceso de desnacionalización generó críticas de organismos de derechos humanos, que estimaron que unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos quedarían apátridas.
En respuesta a la presión internacional, el gobierno aprobó una ley para reconocer la nacionalidad de quienes estuviesen inscritos en el registro civil y creó un programa paralelo de regularización a fin de reconocer la nacionalidad a quienes estuviesen inscritos en el registro civil.
Aunque el gobierno ha insistido en el éxito del programa, menos de la mitad de las 524.000 personas, en su mayoría de descendencia haitiana, calificó para obtener el permiso de estancia temporal.
El plazo para solicitar la residencia expiró en junio pasado. Desde entonces, el gobierno ha advertido de forma reiterada que los extranjeros que no cuenten con un permiso migratorio deberán abandonar el país o que serán detenidos y repatriados.
Las advertencias ya tuvieron efecto: los dos meses posteriores al vencimiento del plazo para hacer la solicitud, más de 70.000 personas se fueron de forma voluntaria a Haití, según la Dirección de Migración, y que 5.000 más fueron deportados por las autoridades.
Para quienes nunca estuviesen inscritos en el registro civil, como los hijos de Quezada, el gobierno abrió un proceso para documentarlos como extranjeros, pero sólo se inscribieron unos 9.000 de los 60.000 que se estima se encuentran en esa situación.
(Creo que este párrafo es indispensable para que se entienda lo que dice Chiara Ligouri en la siguiente cita). “Nos preocupa qué va a pasar con esas personas”, dijo en una reciente entrevista Chiara Ligouri, investigadora de Amnistía Internacional para el área del Caribe.
“Esas personas siguen en situación de indocumentados, no tienen ningún tipo de nacionalidad”. Es el caso de Martina Quezada, nacida en Haití en 1975, y que pese a que ha vivido en un barrio al oeste de Santo Domingo desde que era niña, no logró reunir los documentos exigidos en el plan de regularización.
Cuatro de sus cinco hijos, todos nacidos en República Dominicana y con edades que oscilan entre los 15 y 20 años, carecen de registro alguno porque Quezada nunca los registró pues carecía de documento de identidad y el padre, a su vez, no los registró.
Sólo su hijo mayor, de 22 años, tiene documentos de identidad pues fue registrado al nacer por su papá dominicano. “Me quedé afuera, ahí se quedó la inscripción”, dijo Quezada mientras vende carne y plátano fritos en un improvisado local frente a su casa de madera y zinc en el populoso barrio de Los Alcarrizos.
La falta de documentos ha impedido que sus hijos terminen de estudiar la primaria y accedan a trabajos formales y ahora también los pone en peligro de que eventualmente sean detenidos por agentes migratorios y expatriados.
Como alternativa, Quezada debía presentar documentos de identidad emitidos por Haití y aunque dice que realizó el trámite a tiempo ante la Embajada de Haití y así obtener copia de su acta de nacimiento, una credencial de identidad y su pasaporte, la sede diplomática aún no le ha entregado documento alguno.
“Me traen vuelta y vuelta; me dicen que me van a llamar, pero no me llaman”, lamenta la mujer, quien no sólo necesitaba el documento para tramitar su permiso de residencia sino también para registrar a sus hijos.
El plazo para la emisión de los documentos por parte de la embajada haitiana vencía 22 días después de iniciado el trámite, pero “ya han pasado 18 meses y no nos entregan nada”, dijo Christophe Leonard, vocero de un grupo de organizaciones de inmigrantes haitianos que ha encabezado varias protestas frente a la sede diplomática.
El gobierno haitiano creó este programa especial para la emisión de documentos a un costo de 22 dólares pero Leonard dice que unos 98.000 haitianos realizaron el trámite, y que en conjunto representan pagos por 2,1 millones de dólares, pero la Embajada sólo ha emitido pasaportes a unas 1.500 personas.
Ceus, el vendedor de fruta, estima que invirtió unos 500 dólares, para tramitar los documentos que las autoridades le exigían a fin de obtener la residencia temporal.
El dinero lo sacó de una liquidación de un trabajo como vigilante de un edificio y que perdió porque entonces no tenía residencial legal en el país. “Uno pasó mucho trabajo, pero ya tenemos los papeles”, dice sonriente en su puesto ambulante localizado en una esquina cercana a la casa del presidente dominicano Danilo Medina.
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