La Cámara de Diputados recibió ayer una propuesta de la Fundación Justicia y Transparencia para incluir en el Código del Menor penas de 5 a 10 años de prisión a los menores condenados por sicariatto, secuestro y narcotráfico.
Mientras, el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil objetó que se establezcan sanciones más drásticas a los menos hallados culpables de delitos graves, al considerar que la medida no representa la solución al problema de los adolescentes en conflicto con la ley.
“Para mí el problema no está ni en el Código del Menor ni en el Código Procesal Penal; quizás habrá cosas que podrían modificarse, pero la solución no está en aumentar penas y mucho menos en establecer la pena de muerte, que sería una medida extrema que atenta contra los Derechos Humanos”, sostuvo el sacerdote.
“Para mí el problema no está ni en el Código del Menor ni en el Código Procesal Penal; quizás habrá cosas que podrían modificarse, pero la solución no está en aumentar penas y mucho menos en establecer la pena de muerte, que sería una medida extrema que atenta contra los Derechos Humanos”, sostuvo el sacerdote.
En tanto, la propuesta de la FTJ, firmada por el presidente de esa entidad, Trajano Potentini, indica que deben ser condenados de tres a diez años de cárcel a los menores cómplices de hechos criminales, entre los cuales citó también la violación sexual, el robo con violencia y el asesinato.
La entidad sostiene que con el endurecimiento de las penas aflictivas disminuirán los crímenes de los menores imputados, tras considerar que la sociedad demanda de acciones ejemplarizadoras para castigar los hechos delictivos.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia sostuvo que el país requiere de un Código del Menor que contemple penas de prisión más altas que las actuales, a fin de que el crimen cometido por los adolescentes no sea considerado por los infractores como nuevas oportunidades para volver a las calles a ejercer la criminalidad.
La propuesta de la entidad fue hecha a través de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, organismo que actualmente elabora un proyecto de reforma al actual Código Procesal Penal.
Rosario, en cambio, abogó porque se trabaje en la línea de la educación, en el ambiente de la familia, en aumentar las oportunidades de trabajo y de estudio.
“En esa línea no se está haciendo nada; sólo se está tratando de atacar los efectos y no las causas”, se quejó.
Se opone eleven las penas
La procuradora adjunta del Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobar, se opuso a que el Código del Menor sea modificado para aumentar las penas a los adolescentes que incurran en actos delictivos.
La funcionaria sostuvo que los menores en conflictos con la ley son objeto de muchos factores que deben ser tomados en cuenta, entre la marginalidad social y la propia violencia de que son víctimas por parte del entorno en que nacen y se desarrollan, así como también la falta de educación.
La funcionaria sostuvo que los menores en conflictos con la ley son objeto de muchos factores que deben ser tomados en cuenta, entre la marginalidad social y la propia violencia de que son víctimas por parte del entorno en que nacen y se desarrollan, así como también la falta de educación.
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