Tradicionalmente se tiene la creencia de que portal un arma de fuego, legal o ilegal, proporciona seguridad ante la ola delincuencial que arropa a la República Dominicana, sin pensar que lejos de resguardar su integridad física y la de su familia, la misma se convierte en un factor de riesgo y de muerte potencial para el portador.La inclinación por la obtención de armas de fuego responde a una necesidad de autodefensa ante la inseguridad generalizada que vive el país y la desconfianza en los organismos de seguridad del Estado.
La República Dominicana ha experimentado un notable crecimiento en los actos de violencia durante el período comprendido entre el 2000-2011, acompañado esto de un aumento desproporcional de armas de fuego en manos de la población civil. Durante este período, la tasa de homicidios en el país pasó de 13.9% a 25.10%, paralelamente a esto se produjo un incremento de las armas legales de un 557%, pasando de 30,516 en el año 2000 a 206,707 a enero del 2012, cifras que excluyen las que circulan ilegalmente.
Los datos están contenidos en un estudio realizado por los doctores Mayra Brea y Edylberto Cabral, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) titulado “El armamentismo y sus efectos en la violencia en República Dominicana”, que incluye un análisis de las estadísticas disponibles en el país sobre el armamentismo.
El estudio señala que la proliferación de armas se ha transformado en las últimas décadas en un detonante de mayor violencia en América Latina, ocasionado serios daños a la economía, cuantiosas pérdidas humanas y dejando a su vez, una secuela de seres humanos física y mentalmente lesionados.
La doctora Brea explica que durante la investigación quedó demostrado que a medida que aumenta el tráfico o la circulación de armas en el país, crecen linealmente los homicidios y otras muertes violentas con armas de fuego.
“Los análisis estadísticos confirmaron la hipótesis de que el arma de fuego es un factor de riesgo y de muerte potencial para el portador, y a su vez, es una fuente de abastecimiento del existente mercado ilegal de armas. Los homicidios por despojo de armas han llegado a alcanzar cifras anuales cercanas al 11% de todos los homicidios delincuenciales en el país, sin incluir las muertes por la acción policial”, explicó Brea.
De acuerdo al estudio, el 42% de las muertes violentas con armas de fuego es de origen delincuencial y tienen como base la alta tasa de desempleo, las desigualdades sociales, la situación de pobreza familiar, los bajos niveles educativos, entre otros, mientras el 23%, de acuerdo a datos suministrados por el Inacif del 2007 al 2011 fue por conflicto interpersonal y el 35% por causas indeterminadas.
La proliferación y uso indebido de armas se vio reflejado también en la cantidad de niños y adultos lesionados por balas perdidas. En el año 2000 hubo un promedio diario de 7 personas heridas de bala, y en el 2010 aumentó a 16.
Recomendaciones
Ante el aumento de las muertes por armas de fuego, los doctores Mayra Brea y Edylberto Cabral recomiendan a las autoridades asumir una política de desarme total, pero gradual, de la población civil en un plazo máximo de 10 años, aunque primero llaman a desincentivar la demanda de armas en la población, y mejorar el cuatro de seguridad en los ciudadanos por parte del Estado.
Aplicar políticas públicas estatales más efectivas, basadas en la prevención más que en la represión; iniciar campañas de concienciación para educar a la población en torno a porque no debería armarse. Para esto, recomiendan involucrar a los medios de comunicación y otros sectores de la vida nacional en el proceso de educación para la paz.
También, coadyuvar a la toma de conciencia de que las armas están hechas para matar y no para defensa personal sobre la base de lo que está ocurriendo en la actualidad, fomentar la destrucción de las incautadas por las autoridades a nivel comunitario, municipal, local y nacional, para que no vuelvan a reciclarse indebidamente, entre otras recomendaciones.
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