Aunque valora la decisión del papa Francisco de disponer el arresto domiciliario del exnuncio apostólico Józef Wesolowski, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró ayer que lo justo para las víctimas y la sociedad dominicana, es que el Estado Vaticano renuncie al privilegio de jurisdicción que establece la Convención de Viena y que el juicio sea celebrado aquí.
Reynoso argumentó que jurídicamente el Vaticano tiene el derecho de procesar a Wesolowski en su territorio, pero explicó que la misma Convención establece que esa prerrogativa se aplica en favor del Estado y no de la persona imputada, por lo que la Santa Sede bien podría renunciar a ella y no limitarse a un juicio basado en documentos.
Consideró que es lo más coherente y ético en este caso, ya que las víctimas deberían participar en el proceso y conocer de primera mano el curso de las investigaciones.
En ese sentido, afirmó que, hasta el momento, nadie ha planteado cómo se van a resarcir los daños ocasionados a los cuatro adolescentes que durante más de tres años fueron abusados sexualmente por el exembajador de la Santa Sede en la República Dominicana.
Dijo que particularmente le impactó el testimonio de uno de los niños abusados, cuya enfermedad fue usada por el religioso para intercambiar los medicamentos que necesitaba por favores sexuales. “Para mí eso es un acto de perversidad extrema”, refirió.
“Yo no celebro que el Vaticano vaya a comenzar un juicio, y no lo celebro porque para nosotros lo importante no es que inicie el juicio, es que el Vaticano renuncie de su privilegio de jurisdicción en favor de la República Dominicana y que el exnuncio responda, ante la justicia dominicana, por los terribles delitos que cometió en contra de niños y adolescentes que viven en una pobreza extrema, y que él abusó de esa pobreza y usó ese mecanismo para acercarse a los niños y aprovecharse de ellos por años”, manifestó.
Justicia sigue siendo la cenicienta
Otro de los temas abordados por la Fiscal del Distrito Nacional al ser entrevistada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe por el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía y El Caribe Digital, Héctor Linares y Sandra Guzmán, respectivamente, fue el aumento salarial de un 25% anunciado por la Procuraduría General de la República para los fiscales.
Para Reynoso, dicho incremento no es significativo ya que hay otras necesidades vinculadas al Ministerio Público, que también merecen ser atendidas por el Estado.
“Lamentablemente, a veces sólo se ve el tema de salario, pero no es sólo de salario, es de administración de justicia, eso está vinculado a la calidad del servicio que legítimamente demandan los ciudadanos y que evidentemente es urgente que necesita una mirada de los poderes del Estado, en este caso del Poder Legislativo”.
En ese sentido, exhortó a los congresistas a que hagan un simple análisis de cómo la falta de recursos económicos impide al sector Justicia ofrecer resultados más efectivos.
Afirmó que un presupuesto insuficiente y precario de apenas RD$3,200 millones frente a los RD$9,000, que según la ley debería recibir, hace que la Justicia siga siendo la cenicienta de la Administración Pública.
Sostuvo que las precariedades económicas impiden a la Suprema Corte de Justicia tener la cantidad de jueces necesarios para conocer las audiencias, deficiencias que también se extienden a las áreas de Defensoría Pública y al Ministerio Público, que tiene a su cargo el sistema penitenciario.
Dijo que en el caso de la Fiscalía del Distrito Nacional, que maneja un presupuesto de apenas un millón de pesos mensuales, no ha podido dar respuesta a necesidades tan elementales como la instalación de una central telefónica y la reparación de los ascensores.
Otro de los problemas que deriva de la falta de recursos tiene que ver con el reducido personal. “En mi caso, que he dirigido las fiscalías de Santiago y del Distrito Nacional, tengo que llamar a los fiscales cuando le tocan sus vacaciones para pedirles que no las tomen, o que tomen la mitad de lo que les toca porque no tengo suficiente personal para cubrirlos y tengo que seguir dando el servicio”.
Agregó que muchas veces los juicios son aplazados debido a la falta de transporte para trasladar a los imputados requeridos por los tribunales o por cuestiones tan elementales como la falta de policías para custodiarlos a las audiencias, “y eso está ocurriendo, es una realidad innegable que nosotros no podemos ocultar, sería deshonesto hacerlo”, expresó Berenice Reynoso.
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