04 noviembre 2011

Aprueban ley para que cubanos compren y vendan sus casas sin autorización estatal

La Habana
Los cubanos podrán realizar la compraventa de sus viviendas o transferir sus propiedades sin autorización estatal a partir del 10 de noviembre, aunque deberán pagar un impuesto por las transacciones.
La Gaceta Oficial de la isla difundió el jueves las normas de un conjunto de leyes que regulan la transmisión de bienes raíces, unas horas después de que el periódico Granma lo anunciara.
Los cubanos que residan en el país y los extranjeros con estancia permanente podrán ser propietarios de una vivienda para habitar y otra de descanso.
Las normas "reconocen la compraventa, permuta, donación y adjudicación –por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario– de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la isla", explicó Granma. La medida contribuirá "a un reacomodo voluntario de los espacios habitables", agregó.
Las normas destacan la necesidad de eliminar "limitaciones en los actos de transmisión... a los efectos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los propietarios".
En las calles las medidas fueron bien vistas por la población.
"Pienso que es una ley que tiende a favorecer a la mayoría de los cubanos que en un momento determinado piensan transferir esas viviendas a otras personas o allegados", dijo a la AP Oscar Palacios, un empleado de mantenimiento que escuchó la noticia en la radio.
Las operaciones estarán sujetas a un impuesto de 8% del valor declarado de la vivienda, un 4% pagadero por el comprador y la otra mitad por el vendedor. Cuando se produzca una permuta también se abonará una tasa de 4% sobre cada uno de los inmuebles.
También deberán pagar impuestos quienes reciban la transmisión de viviendas por parte del Estado, por ejemplo cuando el antiguo propietario salga del país y ésta sea reclamada por parientes o convivientes o en caso de fallecimiento de éste.
Durante décadas los cubanos enfrentaron prohibiciones en torno a la compraventa de viviendas y debían sortear muchos trámites incluso en caso de las permutas, la forma más usual de legalizar operaciones inmobiliarias.
Las nuevas leyes incluso reconocen las permutas con compensación, cuando una persona entrega una propiedad grande y recibe otra pequeña con una diferencia monetaria.
Las transacciones se harán con cheques y las transferencias se harán mediante acta notarial.
 La ley, que en esencia busca permitir las transacciones pero evitar la acumulación de propiedades o la especulación especifica que se "considera causal de nulidad" de las operaciones de traspaso "dejar desprotegido a alguno de los convivientes".
Una norma similar para la compraventa de vehículos entró en vigor a comienzos de octubre de 2011.
La medida forma parte de un paquete puesto en marcha por a finales de 2010 con el objetivo de actualizar el modelo cubano, flexibilizar el trabajo independiente del Estado y levantar trabas para algunas operaciones comerciales cotidianas.
Sin embargo, el gobierno aseguró que no se perdería el carácter esencialmente socialista del modelo y el respaldo del Estado sobre todo a los sectores más vulnerables.
Según Omar Everleny Pérez, del Centro de la Ecomomía Cubana, algunas decisiones como la venta de automóviles o viviendas no cambiarán estructuralmente la economía de la isla, pero permiten eliminar presiones obre la población.
"Son pequeñas cosas pero que van articulando una economía más normal comparadas con el mundo", indicó en una entrevista relizada recientemente con AP. Recomendó profundizar en la creacción de cooperativas, entrega de créditos y un mercado mayorista para los trabajadores independientes.      El mercado abierto de bienes raíces estaba prohibido desde el triunfo de la revolución, cuando el líder rebelde Fidel Castro impulsó una reforma urbana y entregó las viviendas a quienes residían en ellas.
La Oficina Nacional de Estadísticas reportó para 2010 que se habían concluido 33.900 viviendas. El 63% edificadas mediante aportes del Estado y el resto con esfuerzo de la población.
Un informe del censo de población realizado en 2002 indicó que 11,2 millones de cubanos vivían de forma permanente en el país en 3,5 millones de unidades de alojamiento con un promedio de 3,16 personas por cada una de ellas.

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