El Gobierno argentino emprende la expropiación del 51% de YPF

El Gobierno de Argentina ha decidido remitir al Parlamento una norma en la que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" el 51% del capital de YPF, filial de Repsol, según el texto del reglamento, leído durante un acto en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, y transmitido al país por la televisión pública.

   El título tres de la nueva norma, que consta de 19 artículos, alude a la "recuperación del control de YPF" y a la "expropiación" de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol.

   "A efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF", asegura la norma.

   Dentro del capital expropiado equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.

   Tras la lectura del texto, en el que los presentes han acompañado con aplausos y vítores la lectura de los artículos fundamentables de la norma, la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dirigido al país para defender su contenido.

   "Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", afirmó Fernández de Kirchner.

   Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, afirmó, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo, señaló, antes de aludir a la "desnacionalización" a finales de los años noventa como uno de los grandes "problemas" del país.

REMISIÓN DEL TEXTO

   El texto, en el que se indica que el poder Ejecutivo argentino actuará como "expropiante" de la empresa, será remitido de forma inmediata al Parlamento argentino.

   Una vez asumido el control de la empresa por parte del Estado, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la "autorización honorable" del Congreso de la Nación, indica la norma.

   El día en que se apruebe la nacionalización, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina convocará una junta general de accionistas en la que se producirá la destitución de los actuales directivos de la empresa.