SANTIAGO,.-Los abogados de la defensa de una parte de los ahorrantes afectados por la quiebra del Banco Universal dijeron que la prisión domiciliaria otorgada al ex banquero Leonel Almonente, por el juez José Ignacio Medrano, del Departamento Judicial de San Cristóbal, enluta el Poder Judicial y entierra en la falta de razonabilidad y traiciona a la sociedad dominicana.
Consideraron que la decisión del juez de la ejecución de la pena es irregular y afecta la seguridad jurídica del país, ya que el magistrado en su dispositivo de la sentencia no explicó las razones de ningún tipo para favorecer al imputado.
Los abogados Pompilio Ulloa Arias, Ricardo Díaz Polanco y Ángel Moneró Cordero, representantes de los afectados del fraude bancario, Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reynilda del Carmen Rodríguez, explicaron que este juez acaba de ordenar la libertad de un condenado que según la sentencia debe salir de la cárcel el 23 de mayo del año 2023.
Sin embargo, establecen que “este gran juez sin que dicho condenado haya cumplido ni siquiera 2 años completo, acaba de establecer una “jurisprudencia” que si no se revoca, todos los delincuentes que tengan 70 años de edad van para las calles y los delincuentes de 70 años que están en la calle, no pueden ser encarcelados, según el criterio del juez José Ignacio Medrano.
Leonel Almonte fue declarado culpable por la comisión de los ilícitos de estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores, previstos en los artículos 405, 408, 265, 266 del Código Penal, y la acción civil.
El ex banquero guarda prisión por la defraudación de que fueron objeto, más de 40 mil personas, quienes tenían sus ahorros en el Banco Universal.
Además, los abogados de los afectados dijeron que Almonte fue condenado conjunta y solidariamente con las empresas Banco Hipotecario Universal, S.A., Grupo Financiero Universal, S.A., Centro Financiero Universal S. A., Banco Universal, S.A., Grupo Financiero Banco Español, S. A., Grupo Bancuniversal, S.A. y Centro Banespañol, S.A.
Los afectados por la quiebra bancaria durante 19 años persiguieron la sanción del mayor escándalo de fraude que sacudió el sistema bancario de la República Dominicana en la década de los 80s, que tuvo su desenlace con la intervención de la sentencia número 226-2009, el 23 de julio de 2009.
Esa sentencia fue emitida por el Primer Tribual Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de la sentencia número 180-TS-2009 del 6 de noviembre de 2009, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mientras que la resolución número 10-2010, del 15 de enero de 2010 emitida por la Cámara Penal de la Honorable Suprema Corte de Justicia, que en resumen condenaron al banquero a cumplir 15 años de cárcel y 90 millones de dólares, que debía cumplir en Najayo, San Cristóbal, de no haber sido por la servidumbre judicial que representa el juez José Ignacio Medrano.
“Otra vez un juez entierra por motivos no explicados los principios de seguridad jurídica, protección social, ejemplarización y rehabilitación del mismo condenado y el resarcimiento a las victimas. Sin hombre no hay ley y sin ley no hay sociedad, todo es un caos”, explicaron los abogados.
Los abogados Pompilio Ulloa Arias, Ricardo Díaz Polanco y Ángel Moneró Cordero lamentaron que le otorgan prisión domiciliaria, con a 15 años de Prisión, una indemnización de 90 millones de dólares, de los cuales dijeron que este no ha pagado ni un chele y sigue gozando de los lujosos vehículos, residencias y con abundantes dineros para el soborno.
Para Ramón nunca hubo un indulto
Gustavo Olivo Peña (Publicado en el desaparecido Clave Digital)
El 4 de diciembre de 2008 quedará en la memoria de la familia Paredes Olivo, de Villa Riva, como una fecha desgraciada y triste.
Ese día Ramón Antonio Paredes Olivo fue muerto a tiros por un raso del Ejército Nacional en la fortaleza La Concepción, de La Vega.
Ramón era un joven de 28 años que padecía de esquizofrenia paranoide, y debía de llevar un tratamiento permanente, como certificó su psiquiatra.
Estaba en prisión cumpliendo una condena de 5 años por una riña que sostuvo con un ciudadano, al que su familia señala como acosador sexual.
Fue acusado de agresión y, sin tomar en consideración su enfermedad, en 2006 fue condenado en San Francisco de Macorís y posteriormente trasladado a La Vega, en cuya cárcel sufrió una crisis que le hizo correr de un lado a otro por el patio de la prisión. Y aún cuando los reclusos gritaban que se trataba de “un loco” inofensivo, fue acribillado sin piedad.
Su familia ha enfrentado duros obstáculos en su reclamo de justicia, pues el poder quiere imponer la impunidad.
Curiosamente, 18 días después de la muerte de Ramón, el presidente Leonel Fernández indultó, por “problemas de salud” a Vivian Lubrano, la del fraude del Baninter (que ni siquiera llegó a pisar la cárcel después de recibir la condena), y a Pedro Franco, Antonio Marte, Milcíades Amaro y Gervasio de la Rosa, del caso Renove.
En contraste, ninguna autoridad consideró que Ramón era un enfermo mental, que no debía estar preso. Este sistema podrido mató a Ramón, un hombre común, sin riquezas ni influencias para merecer un indulto.
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