Desde el momento en que una mujer decide denunciar la violencia a que ha sido sometida con el propósito de buscar ayuda, comienza a incurrir en gastos que generalmente pasan desapercibidos y son difíciles de cuantificar, porque nadie los registra.
Esa mujer, por ejemplo, no lleva la cuenta de lo que destina en transporte cada vez que acude a una fiscalía, a una unidad de atención, a una casa alberque o a un tribunal, cuando se inicia un proceso judicial cuya duración es impredecible.
No lleva la cuenta de lo que destina en salud para curarse de las heridas físicas que ha recibido. Más difícil aún, tampoco lleva la cuenta del costo del daño sicológico y emocional a que ha sido sometida.
Trasladarse de su casa a presentar su denuncia tiene un costo para ella, que se suma a la inversión que hacen las instituciones para brindarle las atenciones que requiere.
Los gastos de ella son incuantificables. Pero, lo que sí se puede determinar es el monto de la inversión que hace el Estado a través de las entidades responsables de la polícita de combate y prevención, al menos en función de los presupuestos que destinan cada año, siempre que las autoridades aporten los datos, pues son escasas las estadísticas.
Entre el 2010 y el 2012, el Ministerio de la Mujer erogó 188 millones de pesos en programas dirigidos a sobrevivientes de la violencia intrafamiliar, distribuidos en tres programas fundamentales: Defensoría de los derechos de la mujer (prevención, atención y sanción), mujer juventud y salud, y casas de refugio.
Las partidas anuales para estos programas no tuvieron variaciones significativas, oscilaron entre 60 a 65 millones de pesos, evidenciando las limitaciones con que labora esa entidad.
Los presupuestos anuales aprobados a ese ministerio no superaron los 500 millones de pesos. Fueron de RD$426.4 millones, en el 2012; RD$382.8 millones, en el 2011, y RD$367 millones, en el 2010.
Del monto que ejecutará en el 2013, tiene previsto asignar RD$92,2 millones a los programas de atención a sobrevivientes de la violencia de género, un poco más que lo invertido en los anteriores tres años.
En el caso de la Procuraduría, sólo informó que tiene proyectado este año destinar RD$85.2 millones para la atención y protección a víctimas, sin detallar cuánto a las de violencia de género.
Mirna Flores, gerente de género y derecho de Profamilia, observó que los presupuestos destinados para las acciones de prevención y atención a víctimas de violencia de género son escasos, y con frecuencia, auspiciados por la cooperación de otros pueblos y de agencias internacionales.
“Esto limita los alcances de estos programas”, afirma la especialista. De hecho, en las informaciones suministradas a LISTÍN DIARIO, la Procuraduría cita los aportes hechos en el 2012 por organizaciones de las Naciones Unidas para el diseño de estrategias de prevención. Se refiere a 20,433 euros de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional (AECID) y 200 mil de UNICEF para el diseño y la elaboración de un manual de gestión para las unidades de atención; 200 mil pesos. Cita, también, un aporte de 696,545 pesos del del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Flores consideró que el Estado dominicano debe expresar su compromiso con la erradicación de la violencia a través de la asignación de recursos suficientes en el presupuesto público para implementar políticas, programas y campañas de prevención y atención.
Observó que los programas han sido iniciativas particulares de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la lucha para la erradicación de ese problema.
Entiende que no hay una respuesta articulada de las diferentes instancias que conforman el sistema nacional de prevención, atención y sanción.
Visualiza como una tarea pendiente que el sector salud implemente a plenitud normas y protocolos existentes para la detección y la atención de la violencia en los centros hospitalarios.
Considera que la violencia ejercida contra la mujer y las niñas es una epidemia y una grave violación de los derechos humanos.
Evaluó que las campañas que se han realizado no han sido sistemáticas ni consistentes.
Planteó que todos los sectores del país deben involucrarse y asumir las campañas, desde los empresarios, medios de comunicación, iglesias hasta la comunidad educativa.
Sin datos precisos
Atendiendo a una solicitud que le hizo LISTÍN DIARIO a la Procuraduría que permita determinar el costo de mantener operando una unidad de atención, el director de Planificación y Desarrollo de esa entidad, José Manuel Abud Soler, refirió que “todavía no tiene confirmación del monto ajustado. No contamos con los detalles de las diferentes unidades que hacen referencia”. Tampoco especificó lo invertido en los últimos dos años, porque “no contamos con la información necesaria para poder determinar el monto asignadoÖ”
Atendiendo a una solicitud que le hizo LISTÍN DIARIO a la Procuraduría que permita determinar el costo de mantener operando una unidad de atención, el director de Planificación y Desarrollo de esa entidad, José Manuel Abud Soler, refirió que “todavía no tiene confirmación del monto ajustado. No contamos con los detalles de las diferentes unidades que hacen referencia”. Tampoco especificó lo invertido en los últimos dos años, porque “no contamos con la información necesaria para poder determinar el monto asignadoÖ”
Estas informaciones están contenidas en una comunicación que envió al director general administrativo, Francisco Orlando Rodríguez, entregada a LISTÍN DIARIO vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, por cuya unidad fueron solicitadas las informaciones a la Procuraduría.
Lo cierto es que mantener esas unidades en funcionamiento implica un costo, ya que en 14 de ellas trabajan 164 empleados, incluyendo a 12 sicólogos y cinco médicos. Estos datos revelan las precariedades con que operan algunas, que no disponen de ningún personal especializado para brindar a las mujeres que van en busca de ayuda.
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RECURSOS QUE LLEGAN CON POCA FRECUENCIA
ESTABLECIDO POR LEY: El artículo siete de la ley 88-03 que instituye las casas de acogida o refugios autoriza al Poder Ejecutivo a destinar a esos centros el uno por ciento de las recaudaciones que se hacen por concepto de la ley de porte y tenencia de armas de fuego, y otro uno por ciento de las multas pagadas por los condenados por violencia de género.
RECURSOS QUE LLEGAN CON POCA FRECUENCIA
ESTABLECIDO POR LEY: El artículo siete de la ley 88-03 que instituye las casas de acogida o refugios autoriza al Poder Ejecutivo a destinar a esos centros el uno por ciento de las recaudaciones que se hacen por concepto de la ley de porte y tenencia de armas de fuego, y otro uno por ciento de las multas pagadas por los condenados por violencia de género.
Sin embargo, estos recursos que contempla la ley no se entregan al Ministerio de la Mujer con regularidad.
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