La esposa del ex alcalde de Iguala, una ciudad del sur de México donde desaparecieron 43 estudiantes en septiembre, fue encarcelada acusada de crimen organizado tras haber permanecido dos meses bajo arresto provisional, informó este lunes la fiscalía general.
Un juez libró orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (…) y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijoTomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía.
La mujer fue trasladada de Ciudad de México a un penal de Nayarit (oeste) junto con 10 policías de Iguala, arrestados hace unos días por el caso de los estudiantes, añadió el funcionario.
La noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados a balazos en la cercana Iguala por policías locales. Tras la balacera, que dejó seis muertos, desaparecieron 43 de estos jóvenes.
Según la fiscalía, los policías los entregaron a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado. Hasta el momento sólo se han podido identificar los restos calcinados de uno de ellos.
En total, unas 90 personas han sido detenidas por este caso, entre policías, narcotraficantes y funcionarios.
Con base en confesiones de algunos de los detenidos, la fiscalía había señalado a Pineda, hermana de tres narcotraficantes, como la principal operadora en Iguala del cártel Guerreros Unidos.
Estas confesiones señalan además al esposo de Pineda, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, como quien dio la orden de atacar a los estudiantes con el objetivo evitar que boicotearan un acto público de su mujer.
El matrimonio, conocido en Iguala como “la pareja imperial” por el autoritarismo y ostentación con que ejercía el poder, huyó de la ciudad varios días después de las desapariciones, pero fue detenido el 4 de noviembre en una casa abandonada en un populoso barrio de la capital del país.
El 15 de noviembre, un juez dictó formal prisión para Abarca, acusado de delincuencia organizada, así como de secuestro y homicidio calificado por un caso anterior al de los jóvenes.
El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la peor crisis desde que asumió la presidencia en diciembre de 2012 a raíz de esta masacre, que ha puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado en las instituciones de Estado.
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