La Fiscalía pidió ayer la pena de muerte en la horca para el expresidente egipcio Hosni Mubarak por su implicación en la muerte de manifestantes en las protestas que acabaron con su renuncia.
La petición de la pena capital formulada por el Ministerio Público incluye también al ex ministro del Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes, informó a Efe uno de los abogados de la acusación, Ashraf Atwa.
Durante la sesión de hoy del juicio, la Fiscalía confirmó la responsabilidad directa de Mubarak y Al Adli en la muerte de los manifestantes durante los incidentes ocurridos durante la Revolución del 25 de Enero.
El Ministerio Público indicó que Mubarak, como presidente durante las protestas, es responsable según la Constitución y la ley, ya que tenía los mayores poderes y recibía informes, por lo que es imposible que no conociera los ataques y asesinatos de manifestantes.
Según Atwa, la Fiscalía pidió que se aplique "la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte".
El fiscal general, Mustafa Suleiman, denunció que el exmandatario no hizo uso de sus prerrogativas y no forzó la dimisión de Al Adli porque tenía interés en reprimir las manifestaciones.
Durante la vista, Suleiman también señaló que los agentes que cometieron crímenes contra los manifestantes en doce provincias tenían instrucciones de los jefes de la Policía, y que no podían tomar decisiones individuales sin comunicarse con sus superiores.
Mubarak, de 83 años, es juzgado también por un presunto delito de corrupción, en el que comparte banquillo con sus hijos, Gamal y Alaa.
Hace dos días, la corte decidió concluir la fase probatoria del proceso y comenzar a escuchar los alegatos de la acusación y la defensa como último paso antes de dictar sentencia.
La sesión de hoy era la última en la que la Fiscalía iba a presentar sus acusaciones y la próxima vista se celebrará el 9 y el 10 de enero.
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