Miles de personas descansan en México en fosas comunes sin nombre ni pasado, muchas fallecidas en actos violentos, según denuncian las organizaciones civiles, las únicas que intentan averiguar su identidad ante la indiferencia de las autoridades.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el primer semestre de 2011 había en México 15.921 cadáveres sin identificar, aunque las cifras publicadas por los medios locales, que citan a fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), hablan de más de 25.000.
La PGR (Fiscalía) no pudo confirmar a Efe estas cifras, con el argumento de que no hay un recuento total de cadáveres sin identificar a nivel federal.
"No existen protocolos, ni federales ni estatales, cada estado hace lo que considera y no hay una manera sistemática de ir organizando toda la información", dijo a Efe Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
La ola de violencia por la que atraviesa México ha causado más de 50.000 muertos en el último sexenio y muchos de los cadáveres que están sin identificar son precisamente los que aparecen colgados de puentes o tirados en las cunetas de las carreteras.
Por norma general, cuando se encuentran restos humanos, las fiscalías estatales tienen que iniciar una investigación por homicidio y hacer todos los esfuerzos por identificar a las personas.
Al cabo de un tiempo, que varía según cada estado y lo saturadas que estén las morgues, el ministerio público tiene dos opciones, enterrar el cuerpo en una fosa común o donarlo a la escuela de medicina.
Pero antes de inhumarlos y como parte de esos intentos por dar un nombre a los cuerpos, explicó Delgadillo, debería seguirse un protocolo.
"Tendría que hacerse un análisis de antropología y odontología, una autopsia y dejar muestras perfectamente clasificadas de los restos para que entren en un banco de datos genético y se puedan comparar con las denuncias de desaparición", protocolos que en muchas ocasiones no se cumplen, apuntó.
Pese a que en marzo de este año el Senado aprobó una ley que obliga al Gobierno a abrir una base de datos de personas desaparecidas con información sobre los cadáveres sin nombre, la iniciativa es insuficiente porque no se establecen protocolos comunes en los estados para la toma de muestras, opinó Delgadillo.
Ni siquiera en los casos más mediáticos, como el de San Fernando (Tamaulipas), donde en 2010 fueron hallados los cuerpos de 72 inmigrantes latinoamericanos presuntamente masacrados por el cártel de Los Zetas, se ha logrado identificar a todos los cadáveres.
Todavía quedan 13 cuerpos sin nombre, pese a que en este caso sí hubo esfuerzos gubernamentales por identificarlos.
La FJEDD es una de las organizaciones que participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado en la que las ONG denunciaron el alto número de cuerpos sin identificar en México, muchos de ellos pertenecientes a inmigrantes centroamericanos.
El trabajo de la antropóloga argentina Mercedes Doretti está precisamente enfocado a dar nombre a esos cuerpos de centroamericanos que perecieron en el camino hacia una nueva vida, a través del Proyecto Frontera que coordina.
Esta iniciativa tiene el objetivo de armar un sistema regional que mejore la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente inmigrantes, entre restos no identificados en toda la región.
En una primera fase, hace dos años comenzaron a tomar muestras de personas que tienen familiares desaparecidos, procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Reunieron a 1.251 personas.
En el último mes y medio, un equipo de antropólogos apoyado por la fiscalía estatal ha exhumado 73 cadáveres de un cementerio de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, que ocupa uno de los primeros lugares en la desaparición de inmigrantes.
"Se hace un perfil biológico de los restos, una ficha odontológica, observamos lesiones que pudieran tener y tomamos muestras para análisis genéticos", explicó Doretti, quien calculó que para diciembre comenzarán a tener los primeros resultados.
Fuentes de la procuraduría confirmaron a Efe que si bien antes no se realizaban estas pruebas, desde este año sí se sigue un protocolo que consiste en un odontograma y una toma de muestra genética, así como de fotografías del cuerpo y sus pertenencias.
Doretti es consciente de la dificultad de armar "el rompecabezas regional" en el que están metidos, pero éxitos como los de Arizona y Texas, donde se han exhumado fosas y se ha logrado identificar a 15 personas centroamericanas, hacen que su trabajo valga la pena.
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