SANTIAGO - Gran parte del país vio los batazos que un hombre le dio en la cabeza a Jonathan de Jesús Minaya, acusado de matar de 25 puñaladas a su pareja hace unos días. Este vídeo recorrió el país. Los agresores están plenamente identificados, sin embargo, no han sido detenidos ni investigados por las autoridades.
Constantemente la prensa dominicana reseña hechos de sangre en los cuales son atacadas con piedras, palos, tubos de metal, armas blancas y de fuego, arrastradas con sogas y hasta quemadas aquellas personas identificadas como delincuentes. Esto a juicio de religiosos, abogados y psiquiatras es muestra de ira acumulada ante lo que la población muchas veces entiende es producto de dejadez por parte de las autoridades que deben perseguir el delito.
En sobradas ocasiones la Policía ha tenido que rescatar de turbas enardecidas a personas mientras son agredidas por alegadamente cometer hechos delincuenciales in fraganti.
Hace alrededor de tres años y medio, en una comunidad de San Cristóbal, una turba linchó a cuatro hombres que eran perseguidos por supuestamente dedicarse a robar y asaltar. Nada hicieron las autoridades para dar con los “ajusticiadores”.
Al respecto, el jurista Cándido Simón señala que entre las causas de estas violentas acometidas están el incremento deliberado de la actividad delictiva, la falta de fe entre la población de que la autoridad formalmente establecida vaya a resolver el problema de seguridad ciudadana, que la sociedad está enardecida, la pérdida de credibilidad de la Policía, Fuerzas Armadas, fiscales, jueces, líderes políticos y de los gobernantes, además de la presencia de una política pública, a su juicio errada, que enfatiza más la persecución que la prevención del delito.
Ante la interrogante: ¿Por qué no se persigue a las personas que toman la justicia en sus manos ante el delito?, Simón explica que nadie quiere atestiguar contra los atacantes de quienes le roban y le ultrajan. También advierte de una especie de tolerancia por parte de la autoridad y de la gente hacia las personas que toman venganza de este modo.
Sobre el accionar policial advierte que la persecución muchas veces está acompañada del asesinato de los delincuentes: “Matar un delincuente es un acto delictivo, usted está dando un mal ejemplo”. Aclara que los linchamientos constituyen una usurpación de funciones, ya que la persecución del delito corresponde al Estado, y que en la legislación dominicana existe un mayor castigo para el homicidio que para el robo.
“Si usted mata una gente porque la encuentra robando, usted es susceptible de ser condenado a 20 ó 30 años de prisión por asesinato o por homicidio, que está prohibido por la ley. Ahora, cuando una turba de personas comienza a golpear a un ladrón hasta matarlo, eso es asesinato y está tipificado por los artículos 295, 296 y 297 del Código Penal porque participan dos o más personas”, advierte Simón pero aclara que la defensa legítima sí está contemplada en la referida legislación.
De su lado, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, explica que la ausencia de sometimientos a quienes deciden tomar la Justicia en sus manos se debe a que muchas veces los familiares de quienes son linchados, que es a quienes corresponde constituirse en parte civil para iniciar la acción legal por estos casos, sienten vergüenza de querellarse contra los agresores de sus parientes, quienes recurrentemente ya han sido señalados por la Policía como infractores de la ley. Aclara que los grupos de defensa de los Derechos Humanos solo se hacen cargo de estos casos con la anuencia de la familia de las víctimas.
Sobre el aumento de estos hechos de sangre advierte: “Si no tuviéramos la prensa como la que tenemos, aquí los linchamientos fueran el doble o el triple”.
Almánzar explica que para poder superar este auge de linchamientos son necesarios cambios en la Policía y en el accionar del Ministerio Público: “Nosotros necesitamos hacer una reforma policial, pero también tenemos un Ministerio Público irresponsable, empezando por el procurador de la República que nunca ha hecho una investigación independiente de la Policía Nacional de los casos para que eso también pueda aminorar y bajar”.
Ante hechos similares ocurridos en Santiago, la fiscal de esta provincia, Luisa Liranzo, ha señalado que nadie puede tomar justicia en sus manos y mucho menos actuar como si se tratara de la antigua ley del Talión: “Ojo por ojo, diente por diente”.
En sentido general, la sociedad está haciendo justicia por sus manos y acepta que haya impunidad para los “ajusticiadores”.
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