La directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas de la Presidencia, Paula Gaviria, advirtió que el censo aún no está concluido y que “las cifras definitivas se conocerán a mediados de este año”.
El censo es uno de los resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y pretende hacer una base de datos “única” de víctimas para impulsar nuevas estrategias de atención y restitución integral a estas personas.
La ley estableció, además, “una nueva definición de víctima” que hace referencia a quienes hayan sufrido “una violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario”, incluidos los familiares “beneficiarios”, en los casos de homicidio y desaparición forzada.
Según Gaviria, si bien este ejercicio es el primero que busca juntar a todas las víctimas en un mismo registro, se nutre de las anteriores recopilaciones realizadas en Colombia.
Uno de los datos más concluyentes del censo anunciado por Gaviria es que “el 79 % de las víctimas registradas fueron desplazadas en el marco del conflicto“, seguidas de las de homicidios y masacres y las de desaparición forzada, atentados, explosión de minas antipersonales, secuestros y torturas.
“A la luz de esos nuevos criterios de lo que es una víctima, durante el año pasado, que fue cuando se empezó a implementar la ley, nosotros incluimos y reconocimos en el registro a 536.000 nuevas personas“, agregó la funcionaria.
El principal desafío del censo se encuentra en el número de víctimas sexuales, por el miedo a las denuncias.
En el censo elaborado hasta ahora, tan sólo 1.750 víctimas de los 5 millones registradas han sufrido violencia sexual derivada del conflicto, cuando se trata de uno de los crímenes más frecuentes en este contexto, según estudios de organismos humanitarios.
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