El anuncio del Procurador General Francisco Domínguez Brito de perseguir y llevar a la justicia a los clientes de las trabajadoras sexuales provocará un aumento de las infecciones de transmisión sexual y de sida, según advirtió el Centro de Orientación e Investigación Integral, Inc. (COIN).COIN afirmó que esta decisión del funcionario hará que el trabajo sexual se efectúe en forma clandestina, deteriorando aún más las condiciones en que se realiza, aumentando los riesgos de enfermedades y dificultando las acciones de prevención que se impulsan por diferentes vías.
“Las medidas anunciadas por el Procurador harán más mal que bien, y harán más complejo el panorama, desde el punto de visto del control que se pudiera tener a través de algunos programas sociales y de salud”, afirma un comunicado de prensa de centro. Asimismo afirma que Domínguez Brito ha demostrado un gran desconocimiento de la problemática del trabajo sexual en el país, y ha emitido opiniones a la ligera.
“Un problema que involucra a más de 25 mil mujeres en los negocios fijos y a más de 50 mil en los lugares abiertos no puede ser despachado con la bravuconería de un funcionario”, enfatizó Santo Rosario, director del COIN.
En su opinión, el trabajo sexual ya desborda las fronteras de los negocios y territorios abiertos, y está presente en los barrios, universidades, colmadones, y muy especialmente fuera de la República Dominicana.
"Hay en el extranjero miles de mujeres que han sido objeto de tráfico y de trata, o se han ido voluntariamente y envían una importante remesa que contribuyen al desarrollo nacional sin que el Estado y el sector privado desarrollen políticas sociales que protejan los derechos humanos de esta población en el exterior.
El director ejecutivo del COIN refirió que hay acciones en curso para mejorar las condiciones que llevan a esas mujeres a realizar el trabajo sexual y para mejorar las condiciones en que esas ciudadanas realizan su trabajo.
Entre las instancias que impulsan esas acciones, Rosario citó el Despacho de la Primera Dama, iniciado en momentos en que era dirigido por la doctora Margarita Cedeño, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Ministerio de Salud Pública.
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