La audiencia preliminar del juicio por presunta corrupción y lavado de activos que se sigue el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, se centró ayer en la legalidad de las pruebas que, a amén de los abogados del legislador, constituyen una falsedad de parte del Ministerio Público.
Los abogados afirman que, tanto las cuentas que presentó la Procuraduría, vinculadas a su defendido, así como los informes de auditoría a documentos suministrados por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, por la Dirección General de Impuesto Internos ( DGII), y por la Superintendencia de Bancos, son los mismos que se habían ofrecido al Hotoniel Bonilla cuando dirigió el PEPCA. En tal sentido, insisten en que se trata de una doble persecución en contra del senador y los demás acusados en el expediente.
“Aun siendo investigados estos hechos por el propio Ministerio Público como lo revela el auto No. 03093, el Ministerio Público colocó de nuevo en la acusación las mismas empresas y los mismos movimientos bancarios, lo que revela una clara doble persecución, violando el Artículo 69.5 de la Constitución y el Artículo 9 del Código Procesal Penal”, afirmó Marino Feliz, uno de los abogados del senador.
Pedro Balbuena, también de la defensa de Bautista, agregó que “la acusación pretende incriminar al senador Bautista de desfalco y lavado al mismo tiempo, cosa que no es posible, primero porque en el documento acusatorio no se establece monto del presunto desfalco, y en segundo lugar, porque el lavado es un delito autónomo y se buscaría castigar, al senador dos veces por el mismo hecho”.
Calificó la acusación de peregrina, atrevida y temeraria, pues a su entender, no ocurrió desfalco y, dado que es el delito previo, tampoco hay lavado de activo, como le imputa la Procuraduría.
Advierte como un “adefesio jurídico” aplicarle a Bautista artículos de la Constitución promulgada el 26 de enero del año 2010, cuando los hechos que se le imputan ocurrieron entre los años 2004- 2009. Alegan, además, la derogación de los artículos 169 al 172 del Código Penal, constitutivos del crimen de desfalco.
Sin embargo, para la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, los alegatos de la barra de la defensa son un “grave desconocimiento” de las leyes vigentes en materia de corrupción.
“Tal afirmación del abogado, de que los citados artículos habían sido modificados y por lo tanto la acusación contenía una inexactitud que desvirtuaba el tipo de desfalco, se cae de cuajo y desmorona todo el análisis sobre ese tipo hecho por dicha defensa, pues contrario a ésta, el Ministerio Público puede sustentar de manera categórica que los artículos 169 al 172 del Código Penal están vigentes”, sostuvo Guerrero Pelletier.
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