Bienes de narcos crean disputa por su reparto

Para resarcir el daño que el narcotráfico genera en la sociedad, el país ha establecido una normativa legal que permite que el dinero obtenido por esa actividad ilícita sea destinado a programas de prevención y persecución, pero su aplicación no satisface a los beneficiarios.

Por el decomiso de bienes adquiridos con fondos del narcotráfico, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos ha recibido 108 millones de pesos en los últimos cuatro años, los cuales distribuyó entre dos entidades estatales y 15 sin fines de lucro, basado en la ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Esa suma no incluye 4.3 millones de pesos y 940 euros que la Fiscalía del Distrito Nacional entregó al Comité el lunes 6 de junio, por decomiso de bienes de Manuel Emilio Mesa Beltré, pues no han sido distribuidos conforme a la ley 72-02.

Otros 21 bienes que eran propiedad del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo también fueron decomisados, valorados en 479.8  millones de pesos, pero los recursos tampoco han sido distribuidos. La subasta de nueve bienes se realizó a final de mayo. Otros 12 están pendientes de subastar.
Algunos consideran que la suma repartida ha sido ínfima. Para unos, tampoco ha habido transparencia. Las autoridades que hacen las incautaciones deben entregar los intereses generados al Comité.
En 2007 comenzó la primera distribución, cinco años después de aprobada la ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que modificó el sistema de distribución de la ley 50-88.
El artículo 33 de la ley 72-02 consigna 50% para la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); 35% para el Consejo Nacional de Control de Drogas (CND) y 15% para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a las drogas.
El 15% de los fondos lo reciben Hogar Crea Internacional, Mesón de Dios, Fundación Fénix, Casa Abierta, Reto a la Juventud, Ascayd y la Fe, Niños del Camino, Fundación Remar, Casa del Alfarero, Ministerio Evangélico Rescatados del Lodo, Fundación Ciudades de Refugio, Cristo Transforma y Fundación Albergue de Esperanza.
Los fondos repartidos fueron entregados al Comité Nacional Contra Lavado de Activos por la Procuraduría General y la Fiscalía del Distrito Nacional, por concepto de dinero, bienes y prendas decomisadas e intereses de certificados financieros. La mayor parte de los valores fueron generados por bienes decomisados a Quirino Ernesto Paulino Castillo, incluyendo un helicóptero, por lo cual la Fiscalía entregó al Comité 1.7 millones de pesos.
Primeros pasos
Para disponer de los bienes y usar el dinero, tiene que ser ordenado por una sentencia definitiva. Mabel Féliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas, explica que a partir de 2007 es cuando, por primera vez, se obtienen fondos provenientes del narco, o por lo menos ese año no encontró nada que soportara alguna distribución.
Dice tener conocimiento de que después de esa fecha se han autorizado decomisos de bienes, cuyos recursos no han sido  entregados al Comité.
Apuntó que han surgido diversas interpretaciones jurídicas después de la aprobación de la ley 78-03, que crea el Estatuto del Ministerio Público, que le otorga faculta a ese organismo de incautar, decomisar y custodiar. Féliz sostiene que se trata de dos leyes especiales, que una no deroga la otra, si expresamente no lo dice en su texto, por lo que afirma que  prevalece el criterio de la ley 72-02.
Aclaró que la ley 78-03, que crea el Estatuto del Ministerio Público, no dice que la Procuraduría se debe quedar con ese dinero, sino que será depositado en una cuenta del Comité Nacional de Lavado de Activos para ser distribuido conforme a la ley 72-02.
Insatisfechos
Beneficiarios de los fondos reclaman mayor transparencia.
La no aplicación de la ley se manifiesta en una debilidad en las instituciones que trabajan en la rehabilitación de los adictos, que carecen de recursos económicos, afirma Leopoldo Díaz, director de Hogar Crea Dominicano.
“La intención del legislador es que ese dinero lo reciban las instituciones que están luchando contra el consumo y tráfico de drogas”, indica.
Díaz sostiene que la ley 50-88 también contempla la distribución de recursos. “De esa ley 50-88 nunca hemos recibido un solo centavo”, señaló Díaz.
Dice que desconoce cuál ha sido el destino de una gran cantidad de bienes decomisados en base a la ley 72-02.
Tampoco entiende por qué a las personas condenadas por violación a la ley 50-88 se le devuelven los bienes cuando cumplen condenas, cuando le han hecho un daño inmenso al país.
Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta, considera que no ha habido transparencia en el manejo de esos recursos y bienes provenientes del narcotráfico.
De la Rosa Hidalgo subrayó que antes de 2007, nunca se aplicó la ley, pese a que hubo incautaciones e intervinieron sentencias, lo cual fue apoyado por Díaz.
El director de Casa Abierta señaló que a veces no les entregan los recursos que contempla la ley 72- 02 y que cuando se hace son cantidades muy pequeñas.
Afirma que la ley no se aplicaba adecuadamente, permitiendo que los funcionarios se quedaran con los beneficios de los bienes incautados.
EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA CONTROVERSIA
El proyecto de ley de la Procuraduría que busca modificar el artículo 33 de la ley 72-02, ha generado controversia.
Con esa pieza se persigue reducir en 25% el monto que recibe la DNCD para pasarlo al ministerio público, y 10% al CND para destinarlo al Ministerio de Deportes.
“Eso es una barbaridad”, afirma el director de Casa Abierta, quien critica que se quiera modificar la ley para resolver problemas de la Procuraduría y de las cárceles, en vez de reforzar los programas de prevención. El director de Hogar Crea entiende que con ese proyecto se está minimizando y relegando la importancia de la prevención.
De su lado, Mabel Féliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), consideró que se deben buscar otras fuentes de ingreso, y no las partidas provenientes del narco.
El coronel Julio César Souffront, director del departamento de Investigación Financiera de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), está de acuerdo en que el ministerio público reciba recursos, pero no 25% como propone el proyecto.
Advierte que reducir el monto a la DNCD le disminuirá la capacidad de identificar casos.
Favorece una modificación integral de la ley mediante el consenso de todos los sectores, pues señala que daría un mal mensaje al reformar un solo artículo.