Estados Unidos vivió ayer un aniversario tan redondo como incómodo, al cumplirse una década de la llegada de los primeros presos a la cárcel de Guantánamo, considerada “un agujero negro” por cientos de activistas que exigieron su cierre inmediato.El 11 de enero de 2002, la llegada a la bahía del este de Cuba de un avión militar en el que viajaban veinte prisioneros transformó una base de segunda categoría, con una dotación militar escasa, en el penal más polémico del mundo.
Doce de los presos que llegaron entonces permanecen aún en Guantánamo, tras una década en la que al menos ocho reclusos han muerto en las instalaciones de alta seguridad de la cárcel, según denunció ayer Amnistía Internacional (AI).
Entre sus muros, que llegaron a albergar en su momento a casi 800 presos, siguen encerrados 171 reclusos, a los que AI recordó ayer en una marcha desde la Casa Blanca hasta el Capitolio estadunidense.
Vestidos con monos naranja y bajo una intensa lluvia, 171 activistas —uno por cada detenido— se congregaron ante la mansión presidencial y más tarde ante la Corte Suprema y el Congreso, donde formaron simbólicas cadenas humanas para exigir, como cada 11 de enero desde hace 10 años, el cierre de la prisión.
“Estados Unidos tiene un sistema legal internacionalmente reconocido, y no puede simplemente violarlo con un grupo de gente a la que decide poner en un agujero negro”, declaró el director de asistencia jurídica de AI, Geneve Mantri.
“Ha habido más muertes en Guantánamo que detenidos juzgados”, subrayó Vincent Warren, director del Centro de Derechos Constitucionales, otra de las entidades organizadoras de la manifestación.
Entre las organizaciones que exigieron el cierre de Guantánamo se encuentran Human Rights Watch (HRW), el Centro para la Justicia y la Legalidad Internacional (CEJIL) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estados Unidos debe determinar la legalidad de la privación de libertad de las personas allí recluidas, e investigar y sancionar efectivamente los actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra los detenidos”, aseguró en un comunicado la CIDH, que solicitó permiso para una visita de supervisión a las instalaciones.
A los reclamos que urgen al respeto de los derechos humanos en Guantánamo se suma uno más práctico, el de quienes se niegan a seguir manteniendo una cárcel que, con un gasto anual de 800 mil dólares por recluso, se ha convertido en la más cara del mundo.
A día de hoy, 171 hombres permanecen todavía en esta suerte de jaulas de los 779 que fueron detenidos, la mayoría sin juicio. En total, 89 de ellos han sido considerados “liberables” por las autoridades militares, pero el retorno a sus países de origen está prohibido por una ley votada en el Congreso.
A medida que se encamina a cerrar su larga guerra en Afganistán, Washington se plantea transferir a la custodia de ese país a por lo menos cinco presos retenidos en Guantánamo y considerados talibanes, con el fin de avanzar en las negociaciones con los insurgentes.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró ayer que no se ha tomado “ninguna decisión acerca de la liberación de talibanes de Guantánamo”.
La Casa Blanca afirmó ayer que todavía permanece entre sus objetivos el cerrar la prisión, pese a los “obstáculos” y sin precisar fecha.
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