El conflicto comenzó en noviembre pasado, cuando Argentina convenció a los otros 11 países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) de bloquear el acceso a los 25 barcos que tienen bandera de Malvinas, unas islas con 1.300 habitantes que necesitan el contacto con el continente americano para su abastecimiento. En diciembre, Uruguay anunció que comenzaba a regir ese compromiso, y después, los cuatro países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los seis asociados a ese bloque (Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) adoptaron una resolución similar. Reino Unido reaccionó diciendo que los países sudamericanos querían someter a aislamiento a la población civil de Malvinas y les advirtió de que no fueran “cómplices” de Argentina.
Hague informó el pasado martes en su Parlamento de que, tras un diálogo “productivo y honesto” con los Gobiernos de Uruguay, Chile y Brasil, había conseguido que estos admitieran los barcos malvinenses que llevaran la bandera de otro país. Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Argentina le respondió con un comunicado: “Ante información periodística errónea que atribuía a Hague haber logrado un cambio de posición regional respecto al impedimento de ingreso a los puertos de Brasil, Chile y Uruguay de embarcaciones con la bandera ilegal de Malvinas, el canciller [de Argentina] Héctor Timerman se comunicó personalmente con los cancilleres Antonio Patriota [de Brasil], Alfredo Moreno [de Chile] y Luis Almagro [de Uruguay], quienes confirmaron que sus respectivos Gobiernos no habían modificado su posición”.
El Gobierno de Piñera no comentó nada sobre el supuesto acuerdo para recibir buques malvinenses con otra bandera, pero respondió a Hague en cuanto a que había dicho que el bloqueo a los barcos de insignia de las Falkland (nombre británico de las islas) no tenía base en el derecho internacional. “Chile continuará aplicando, conforme al derecho internacional y a la legislación chilena, las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de Malvinas ingresen a los puertos nacionales”, dijo el Gobierno chileno. El Ministerio de Exteriores de Uruguay ratificó también su posición. Recordó que Almagro había mantenido contactos telefónicos en diciembre con Hague en los que dejó claro que “permite recalar en sus puertos a naves con cualquier bandera de jurisdicción reconocida cuyo destino puede ser Malvinas”, pero no “naves militares inglesas con destino” a las islas. En relación al supuesto pacto para admitir naves malvinenses con otra bandera, el ministerio uruguayo señaló que en esas conversaciones “jamás existió la sugerencia de cambiar la bandera inhabilitada para operar en el puerto de Montevideo por una tercera; dicha decisión no es en absoluto competencia de Uruguay”
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