(EFE).- El caso de una adolescente dominicana embarazada y paciente de leucemia aguda revivió hoy el polémico tema del aborto, prohibido constitucionalmente en el país caribeño aun en casos en que la madre corra peligro. La menor, de 16 años, tiene un embarazo de nueve semanas y necesita con urgencia someterse a quimioterapia por su enfermedad,
lo que afectaría severamente el feto y lo que ha puesto a los médicos ante en el dilema de comenzar o no el tratamiento.
En declaraciones publicadas hoy por el periódico local Hoy el presidente de la Sociedad de Ginecología, Ruddy Guerrero, consideró que los médicos que atienden a la paciente en el Centro de Salud del Seguro de los Maestros (Semma) están realmente en una encrucijada, pero dijo que la tarea inmediata es dar el tratamiento a la menor.
El tema fue tratado hoy por el Foro Feminista, integrado por organizaciones locales que defienden los derechos de las mujeres, quienes señalaron que "lo primero y más urgente es que se inicie la quimioterapia" de Esperanza, como se identifica a la menor, y que los médicos "puedan aplicar los protocolos de atención universalmente establecidos en estos casos, sin temor a represalias de ningún tipo".
Sin embargo, subrayaron, que "no basta con esto. El caso de Esperanza se seguirá repitiendo hasta tanto no se revisen las normas legales que dieron lugar a esta situación".
El grupo señaló en un comunicado que desde hace una semana los médicos debieron iniciar el tratamiento a la adolescente y advirtieron de que "este tiempo desperdiciado, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para esta joven mujer, por lo que no podemos menos que preguntarnos: ¿Por qué esperan?".
"Si los especialistas consultados han recomendado de manera casi unánime que se proceda de inmediato con la quimio, ¿por qué dilatan?. Si la joven, su madre, sus médicos y hasta el Ministro de Salud Pública (Bautista Rojas Gómez) han solicitado que se inicie el tratamiento, ¿por qué no proceden?" se preguntaron las integrantes del colectivo.
Asimismo, cuestionaron si "se trata solo del temor a posibles consecuencias jurídicas" o si "debemos atribuir a presiones furtivas, a intimidaciones subrepticias, la parálisis que afecta a los responsables de prestar atención médica a la joven enferma?".
Este caso, subrayaron, "pone de nuevo sobre el tapete los dilemas humanitarios, las artimañas políticas y las confusiones jurídicas engendradas" por el Artículo 37 de la nueva Constitución aprobada en 2009 y puesta en vigor un año después.
No hay comentarios:
Publicar un comentario