Alianza País comunica a la sociedad dominicana que hoy 6 de noviembre, al cumplirse el 178 aniversario de la promulgación de nuestra primera Constitución, está apoderando al Procurador General de la Republica, Lic. Francisco Domínguez Brito, de una denuncia penal contra el ex presidente de la República Dr. Leonel Fernández, y de los ingenieros Víctor Díaz Rua, ex ministro de Obras Publicas, y Félix Bautista, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), actual Senador de la República.
Alianza País establece en su denuncia penal la responsabilidad directa de los citados Dr. Leonel Fernández,
y de los ingenieros Víctor Díaz Rua y Félix Bautista, junto a muchos otros que deben ser identificados en el curso de la investigación, en el déficit fiscal ascendente a 187 mil millones de pesos revelado el pasado
4 de octubre, por el Íng. Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno que preside el Lic. Danilo Medina.
En la denuncia penal de la que ha sido apoderado al Procurador General de la República, se aportan elementos de prueba de cómo el Dr. Leonel Fernández, siendo Presidente de la República admitió haber utilizado dinero del Estado para el pago de las llamadas “nominillas”; también, emplear más de 40 mil millones de pesos en la pasada campaña electoral; así como el abultamiento de la nómina pública, y de utilizar dinero del Estado para hacer viajes al exterior del país, para firmar acuerdos privados de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), que también constituye un “cuerpo del delito”.
Asimismo, en la denuncia penal se pone en evidencia que el ex-ministro de Obras Públicas, Ing. Víctor Díaz Rua y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Bautista desarrollaron un esquema de sobrevaluación y sobre
ejecución en la construcción de obras del Estado, que de enero a agosto había prácticamente agotado el presupuesto asignado para todo el año 2012, para ambas dependencias públicas, resultando más que evidente que por la reiteración del método y los escandaloso montos envueltos, sólo pudo realizarse con el consentimiento del entonces jefe del Estado Dr. Leonel Fernández.
Conforme se expone ampliamente en la denuncia penal, las actuaciones descritas violaron la Constitución de la República, en sus artículos 146 y 233 y siguientes; la ley de Presupuesto No. 423-06; la ley de Crédito Público No.6-06; la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones; y la Ley 41-08 de la Función Pública. Además, sus actuaciones constituyen ilícitos tipificados en el código penal
dominicano como desfalco, abuso de confianza, cohecho, falsedad en escritura pública, prevaricación, entre otros.
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