El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), designó ayer a la jueza Esther Agelán Casasnova, de otra objeción presentada por la Convergencia de Abogados (CONA), contra el auto que condujo a archivar de manera definitiva el expediente contra el senador Félix Bautista, por presuntos actos de corrupción.
El magistrado Mariano Germán Mejía, mediante auto 72-2012, apodera a la magistrada Agelán Casasnova, de la segunda sala penal de la SCJ para que conozca la objeción al dictamen que llevó a archivar el expediente contra Bautista, ejecutado el pasado 13 de agosto por el director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla.
Casasnova también deberá decidir sobre la objeción presentada al referido auto por el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción C-3, que representan la exfiscal del Distrito Nacional, Josefina Juan de Pichardo, los generales retirados Juan Tomás Taveras Rodríguez, Rafael Percival Peña, Melvin Velásquez Then, Remberto Pichardo Juan, Hermes Guerrero Báez y Alexander Mundaray Rosario
Se informó, además, que la jueza deberá fijar fecha para el conocimiento de las dos objeciones, las cuales para tales fines serán celebradas audiencias de manera separadas.
La objeción del referido archivo fue presentado por el presidente del CONA, doctor Yunir Ramírez Ferrera, el pasado 22 de agosto, por ante la secretaria general de la Suprema Corte, a través del abogado Marcelino de la Cruz Núñez.
El pasado 15 de mayo, el CONA presentó una querella en contra del senador por San Juan de la Maguana, por alegada violación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes y Servicios, obras y concesiones, y varios artículos de la Constitución de la República, a raíz de una auditoria hecha por la Cámaras de Cuentas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), del periodo enero- diciembre del 2008.
Alegan en la instancia que se encontraron presuntas irregularidades inexplicables, como contratos que presentaban una cubicación y constancia de que fue pagado más de lo cubicado, así como que la mayoría de las empresas beneficiadas con esos manejos son controladas por el querellado, a través de socios.
Mientras tanto, la Suprema todavía está pendiente de decidir en torno al recurso de objeción presentado el pasado 27 de septiembre por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien pidió la revocación del archivo que favoreció al senador de San Juan de la Maguana, tras considerar que esa decisión jamás debió haberse hecho de manera definitiva.
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