NUEVA YORK. Siete inspectores dominicanos de un total de ocho arrestados del Departamento de Vehículos y Motores (DMV), fueron acusados este jueves por la Procuraduría General del Estado de vender unos 13.000 certificados falsos con los que beneficiaron a igual número de conductores cuyos carros no pasaron las inspecciones oficiales requeridas por la ley. En el grupo figura una mujer, el octavo es afroamericano.
Ninguno de los vehículos beneficiados con los certificados fraudulentos fueron sometidos a los chequeos correspondientes, dice el comunicado oficial del Procurador General del Estado Eric Schneiderman, quien anunció el arresto de los sospechosos, diciendo que han cometido numerosos delitos graves por violaciones a la ley de tránsito y vehículos del estado de Nueva York.
Los arrestados dominicanos son Michael Comprés de 29 años de edad, Gustavo López (30), David Núñez (41), Luis Peralta (37), Ramón S. Ramos (59), Víctor Ramos (54) y Lilian Tapia de 32, residentes en El Bronx, Manhattan y Yonkers.
El otro acusado no dominicano es Claudon Harriote de 52 años de edad. Los detenidos trabajaban en las empresas All Prestige Muffler, East 222 Automotive, Washington Motors, Serpro Auto Repair, Rapid Car, Cross Bronx Muffler, All Prestige Muffler y Mega Muffle Company en cuyas compañías tenían la responsabilidad, operando con autorización del estado de hacer las inspecciones reglamentarias a los vehículos que beneficiaron con fraude.
El procurador del estado dijo que se depositó la confianza en esos individuos para llevar a cabo las inspecciones requeridas por la ley estatal, específicamente destinada a mantener vehículos inseguros fuera de circulación y lo que hicieron fue engañar al sistema.
"Todo vehículo de motor en el estado de Nueva York debe ser inspeccionado anualmente para mantener la seguridad y el cumplimiento de las emisiones apropiadas", añadió el procurador.
Los acusados fueron procesados en la Corte Criminal de El Bronx y se les acusó de sustituir escaneos legales o limpios por fraudulentos para certificar a segundos vehículos que ni siquiera fueron chequeados por ellos.
Utilizaron los datos de carros que ya habían pasado el examen y que estaban asentados en el banco de datos de Vehículos y Motores para asignarlos a los cómplices del fraude a los que hicieron aparentar que tenían escaneos limpios.
Además usaron las calcomanías del departamento para dar ventaja a conductores cuyos vehículos ni siquiera estuvieron presentes para las inspecciones.
Los detenidos cayeron en una operación encubierta llevada a cabo por el procurador general del estado, oficiales de Vehículos y Motores y el Departamento de Conservación Ambiental.
La tarifa del estado es de $37 dólares por una inspección y los sospechosos cobraban hasta $150 por la calcomanía, realizando más de 40.000 certificaciones ilegítimas.
De ser hallados culpables se enfrentan a condenas de cárcel que van desde 7 a 4 y 2 y un tercio de años en la cárcel.
La información fue servida por la Oficina de Prensa Hispana del Procurador General del Estado dirigida por el periodista Fernando Aquino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario