SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de losDerechos Humanos (CorteIDH)
inició aquí un juicio contra la Repúb
lica Dominicana por la muerte de
seis inmigrantes haitianos presuntamente a manos del Ejército hace doce
años.
El caso, conocido como "Nadege Dorzema contra República Dominicana" o
"La masacre de Guayubín", es sobre el presunto asesinato la madrugada
del 18 de junio de 2000 en la frontera con Haití, cuando intentaban
entrar de manera ilegal al país en un camión para buscar trabajo.
El haitiano Noclair Florvilien, uno de los 37 inmigrantes, relató
ante los jueces lo que sucedió y dijo que en la actualidad aún tiene
secuelas psicológicas y físicas que le impiden trabajar para mantener a
sus siete hijos.
Narró que el conductor del camión había hecho los arreglos con los
militares para pasar la frontera sin problemas, pero al llegar a un
retén las autoridades iniciaron una persecución.
"Se comenzaron a escuchar disparos, el vehículo continuó la marcha a
alta velocidad y siguieron los disparos. La lona que cubría el cajón del
camión se fue volando por el viento y quedamos a la vista", dijo
Florvilien con la ayuda de un traductor.
El haitiano dijo que la camioneta del ejército chocó contra el camión hasta volcarlo.
"Intentamos correr y la persona que venía tras de mí recibió
un balazo en la cabeza. Yo recibí un balazo en el muslo, caí y me
quedé como si estuviera muerto para que no me ejecutaran", agregó.
Añadió que luego fue atendido por una ambulancia y trasladado a un
hospital, pero no recibió la atención adecuada y días después regresó a
Haití.
Rosa María Ortiz, representante de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), órgano que interpone las demandas ante la
Corte, planteó a los jueces que el caso se enmarca en un contexto
de discriminación y violación a los derechos humanos de los
inmigrantes haitianos.
Indicó que cuatro de los haitianos murieron en el propio camión y dos
cuando huían a pie, mientras que los sobrevivientes fueron expulsados
del país sin las garantías debidas.
Recordó que los hechos fueron juzgados por la justicia militar y tras varios años de proceso los involucrados fueron absueltos.
Los representantes del Estado dominicano presentarán este viernes
sus alegatos ante el caso para concluir la audiencia en la CorteIDH, que
tiene su sede en Costa Rica.
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