Más de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales expresaron este jueves su rechazo al endurecimiento de las penas a los menores que cometan crimen, por entender que aumentar las sanciones no va disminuir la llamada delincuencia juvenil en el país.
Calificaron de incongruente, contrarios a la Constitución y de los tratados internacionales el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que modificó varios artículos del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes o Ley 136-03, que eleva de 5 a 10 de prisión los menores que cometan crimen.
Las instituciones que integran la Comisión para la Ejecución de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA); Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia del Poder Judicial; la Oficina Nacional de Defensa Publico adscrito a la Procuraduría General de la República y Dirección de Atención Integral a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
Asimismo la Coalición de Organización por la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); CONANI; la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Fundación Don Bosco y Niños y Niñas con Don Bosco, entre otras expresaron su oposición a las modificaciones al Código del Menor.
Se expresaron en esos términos participar en unas vistas públicas organizada por la comisión de justicia por la Cámara Alta, presidida por senador Francis Vargas e integradas por los legisladores Amable Aristy Castro, Victoria Ayeb, Julio César Valentín, Charlis Mariotti y José Rafael Vargas, realizada en el salón de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional.
Consideran además que las modificaciones a dicha legislación contravienen el espíritu de la Convención Internacional sobre Derecho del Niño (CDN) y la Convención Americana de Derechos Humanos y lo depuesto en los artículos 26 y 74 de la Constitución dominicana.
Añaden que la reforma contraviene igualmente lo dispuesto en el artículo 37 de la CDN, que establece “No detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la Ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que procesado”.
Entienden además que la adolescencia no es el problema de la delincuencia ni de la inseguridad ciudadana en el país.
Expresan que por el contrario, todas las estadísticas que disponibles indican que la gran mayoría de los delitos son cometidos por personas adultas según los datos del Poder Judicial
Precisan que solamente 4 de cada 100 personas que son juzgadas por cometer delitos tienen menos de 18 años. En República Dominicana el 96% de los procesos penales son contra adultos.
Argumentan que la extensión de la privación de libertad como medida cautelar no contraviene a la disminución de la delincuencia cometida por adolescente. Por el contrario, el aumento de la encarcelación por periodos largos no produce otra consecuencia que el riesgo de la socialización y desarraigo.
Enfatizan que la finalidad de la sanción no es el castigo, sino la reinserción social tal y como establece el artículo 40, numeral 9 y 16, de la Carta Magna de la República Dominicana.
Entienden que los adolescentes que infringen la Ley pueden ser recuperados en una proporción muy superior a los adultos que deslinguen; las sanciones de privación de libertad de larga duración rompen con este objetivo por los efectos perniciosos que produce en la personalidad del adolescente infractor.
Añaden que antes de cualquier propuesta de modificación de la Ley 136, esta no sido implementada en su totalidad, que no se han destinado los recursos suficientes para consolidar el sistema de protección y garantizar los derechos que la propia legislación consagra.
Precisan que los problemas sociales no se resuelven con soluciones penales, sino por medio de la prevención y la inversión de recursos adecuados para la reinserción de quienes cometen delitos que se consigue este fin y no con mas pretensión punitiva.
Propusieron aplicar en su totalidad la Ley en lo atinente a la prevención, rehabilitación y reinserción de los menores, y que para utilizar personas especializadas para lograr este objetivo, destinar mayores recursos a la educación, la creación de espacios diversión y recreación.
Sugiere hacer encuesta sobre aumento penas menores
En cambio, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, sugirió este jueves al Senado realizar una encuesta para conocer el sentir de la población en torno al aumento de las penas a los menores que delinquen.
Al defender que los castigos sean aumentados, el jurista entiende que deben ir de entre 12 a 16 años. Puso como ejemplo el caso en que dos menores violaron y asesinaron una niña, quienes luego amenazaron en el tribunal a una jueza.
Sin embargo, este criterio fue rechazado el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que nadie se le puede ocurrir que un Congreso pueda modificar una norma en base encuesta.
Dijo que en cuál país existe esa norma, “Prefiero que me enseñe los estudios antropológico que sustentaron esa investigaciones” y que eso constituye una agresión la modificación al Código del Menor.
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