El senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, a quien la Procuraduría General de la República habría embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el legislador es uno de los principales accionistas, se defendió este miércoles de las acusaciones de lavado y negó que el Ministerio Público le mantenga incautado apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto.
La “aclaración” fue hecha por su abogado, doctor Marino Féliz, quien “desmintió” las informaciones de que unos 100 bienes de su cliente fueron embargados por la Fiscalía Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El jurista dijo que es falso que sean bienes incautados ni embargados, sino que una investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PRG), mediante Lavado de Activo en contra del senador, mandó a inscribir en base a una pesquisa notas cautelares a las propiedades que pudiera tener su defendido.
Precisó que entre esos bienes se encuentran inmobiliaria Rofi, S.R.L., así como varios apartamentos en proceso de construcción en la ciudad de Santiago de los Caballeros: “A esos departamentos se les inscribieron una nota de advertencia, la cual no existe en la Ley 108-05, como figura procesal sobre bienes inmobiliarios, lo que existe es una nota preventiva, que se produce de manera automática, solo y cuando sobre un inmueble registrado en litis”, indicó Féliz.
El defensor del secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que de manera automática el tribunal inmobiliario manda a colocar una nota preventiva u oposición: “La nota de advertencia no está ni en la Ley 108-05, ni está en los reglamentos de implementación del código, sobre registro y bienes inmobiliario”.
El abogado aseveró que hicieron una instancia solicitando el levantamiento de esa nota de advertencia, ya que no existe ningún proceso penal contra el senador Félix Bautista, ni una base legal ni jurídica para poner esa inscripción: “Es un abuso por parte de la Unidad de Lavado de Activo de la Procuraduría, haber hecho eso contra los bienes del legislador, sin tener un proceso abierto ni que un juez esté apoderado de ninguna causa en su contra”.
Acotó, finalmente, que el juez apoderado de este caso en su debido momento tendrá que levantar la advertencia, ya que lo que no es legal no puede pasar el tapis del proceso.
La noticia
Este miércoles, medios locales publicación la noticia que daba cuenta que la Procuraduría General de la República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el senador Félix Bautista es el principal accionista, y en la que también participan terceros adquirientes.
Dice que las oposiciones inscritas a solicitud del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de asfalto, como parte de una investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.
Las acciones reales fueron trabadas en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40 edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra de 14.
En total, de acuerdo a publicaciones, la lista sobrepasa los 100 bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el propósito de recuperar las propiedades, Bautista, senador por San Juan y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuso por ante la Suprema Corte de Justicia (SJC) una solicitud de levantamiento de oposiciones.
En un escrito depositado por su abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que el impetrante apodera a la presidencia del tribunal, a los fines de que designe, al amparo de las disposiciones establecidas en el artículo 379 del Código Procesal Penal, un juez de la Instrucción Especial.
El propósito es que conozca, como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual el senador Félix Bautista es accionista, así como de terceros adquirientes”, añade la publicación.
El diario indica que mediante auto No.71-2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Frank Soto Sánchez, como juez de la Instrucción Especial para conocer de la petición.
En marzo de este año, el también secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de alguacil al procurador, con el propósito de que le comunique el contenido de las pruebas que conforman el expediente sobre el cual es llevada una investigación de acción penal pública en su contra.
El legislador y su abogado manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para ser interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados con una investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con el auto 03093, emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla, el 13 de agosto del 2012.
Caso Martelly
Hoy, el Pleno de la SCJ ventiló una solicitud que busca revocar el archivo definitivo a la investigación de un sometimiento por alegado soborno del legislador al presidente haitiano, Michel Martelly, para la presunta obtención de obras a empresas constructoras de su propiedad. Mientras que la Segunda Sala de la SCJ tiene un fallo reservado de un recurso de apelación incoado por Bautista, en contra de la decisión del juez de ese tribunal, Víctor José Castellanos, quien revocó el archivo provisional de una de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en su contra.
Las acciones
La Procuraduría General de la República ha mantenido acciones tendientes a que sean revocados archivos que favorecen al legislador peledeísta. Con tales propósitos, ha dirigido instancias a la Suprema Corte de Justicia pidiendo que sean anulados los actos conclusivos realizados por el entonces director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
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