Las autoridades que participaron en los arrestos reportaron que los menores fueron detenidos con cocaína, crack y marihuana, en los diferentes barrios y poblaciones país, lo que demuestra que ese problema social se sigue extendiendo.
Las personas mayores que están involucradas en ventas de narcóticos o estupefacientes entrenan a los niños y los menores, debido a que se amparan en los privilegios garantistas que señala el Código del Menor a favor de los utilizados como mulas.
A estos niños y adolescentes se les debe prestar asistencia especial de acuerdo a lo que establece el artículo 56 de la Constitución.
El artículo dice que “La familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente y tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”.
Por lo que, en consecuencia, añade: “Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltratos o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos”.
Además, resalta el artículo: “Promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social; 3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta”.
En ese sentido, los niños y adolescentes que entrenan para utilizarlos como mulas por los vendedores de narcóticos, se amparan en la suavidad conque el código trata a estos.
Este problema está afectando a los niños y adolescentes de los distintos barrios de nuestra sociedad, por lo que debe llamar la atención de los padres y tutores en el sentido de las penalidades que dispone la Constitución y el Código del Menor, en los casos de que por falta de protección familiar, estos se encuentren en las calles violando las leyes.
Se recuerda en meses pasado, el director de Hogares Crea, Radhamés de la Rosa, mostró su preocupación porque cada vez son más los menores detenido y apresados con estupefacientes, los cuales ingresan a la referida institución.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, así lo indican y las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia confirman que el narcotráfico fue la infracción más frecuente que cometieron los menores de edad y personas mayores.
Muchos de estos niños y adolescentes que son entrenados por personas mayores para ser mulas de narcóticos, son de escasos recursos y la mayoría han dejado los estudios debido que sus padre no tienen con qué pagarlos, además de la ausencia de una educación de calidad dentro y fuera de la familia.
Además, la competencia que existe entre jóvenes de los diferentes barrios entre los que tienen un poco de sustento y los que no lo tienen, para la compra de las vestimentas que están a la moda y de marca.
Por esta razón, estos menores que incurren en la distribución y venta de drogas al poco tiempo se involucran o se insertan en bandas para cometer robos, homicidios y otras modalidades de delincuencia juvenil, desde violación sexual hasta el secuestro y muchos de ellos son reincidentes.
En meses atrás, las autoridades competentes informaron que revisar{an el Código del Menor y del Código Procesal Penal, porque frecuentemente los trabajos de investigación y persecución del micro tráfico se ven obstaculizados por trabas legales que protegen a los menores.
No obstante, hasta el momento no se ha dado respuesta de si el condigo será modificado o no; pero la misma sociedad exige que se haga para que aumenten las condenas a los menores que cometen algún delito grave o que sean juzgados como adultos para que no tengan los privilegios judiciales y así no sean entrenados o utilizados por personas mayores para la comisión de delitos.
No obstante, algunos expertos han advertido que hay que tener cuidado con las modificaciones al código de niños, niñas y adolescentes, porque pueden infringir con los acuerdos internacionales de los que el país es signatario.
La revisión del Código es para detectar cuáles elementos deben fortalecerse para hacer más eficiente su cumplimiento y en el mismo se debe incluir la obligatoriedad de crear una comisión de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, que revisen cada caso de manera particular, así como lo hacen las instituciones que trabajan con los adictos a las drogas, por lo que deben analizarlos con objetividad, porque si no, seguirán los mismo errores.
En cuanto a los padres o tutores, estos deben estar más pendientes y ser observadores de sus hijos, tratando de que estos ingresen a la escuela para estudiar y que no la abandonen.
En ese sentido, el Estado debe garantizarles los estudios de escolaridad como obligatoriedad a estos, además de proveerles el sustento a los padres o tutores de escasos recursos, a fin de que no abandonen los estudios y se dediquen a delinquir.
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