La fiscalía chilena informó el martes que procesará a un grupo de civiles y militares por dar una tardía alerta de tsunami tras el devastador terremoto de febrero de 2010.La investigación se llevará a cabo después de que una responasble de emergencias asegurara que los operadores del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartaron la posibilidad de tsunami.
El sismo de 8,8 grados en la escala de Richter del 27 de febrero de 2010 y el tsunami posterior causaron 524 muertos, 800.000 damnificados y US$30.0000 millones en pérdidas.
El sistema de alerta de tsunami falló, cosa que provocó una gran indignación política en Chile.
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